Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron esta semana graves violaciones contra 252 migrantes venezolanos que permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) de El Salvador, sin acceso a justicia ni debido proceso legal tras casi 45 días de encarcelamiento.

Durante una conferencia de prensa, Cristosal y Robert F. Kennedy Human Rights alertaron sobre la crítica situación de estos migrantes deportados desde Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump, quienes ahora enfrentan detención arbitraria en condiciones de extrema vulnerabilidad.

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Noah Bullock, director de Cristosal, reveló datos alarmantes sobre los detenidos: «40% de ese grupo que representa 55% de los 250 que fueron deportados al CECOT tenía algún tipo de protección migratorio que sea TPS o en proceso de solicitar asilo o tenía ya asilo. Casi 90% de esas personas no tenía antecedentes penales, no tenía ninguna razón por la cual están ahora privado de libertad en un centro penal en El Salvador».

La organización habilitó una plataforma de denuncias donde ya se han registrado 139 familias venezolanas afectadas. En respuesta, Cristosal ha presentado «39 recursos de Hábeas Corpus ante la Sala de lo Constitucional en El Salvador», según informó Bullock.

Kerry Kennedy, presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights, denunció condiciones inhumanas en la detención: «Nos contaron que les dieron una dieta de hambre, les negaron el agua, les negaron la comida, les negaron el acceso a la atención médica que necesitaban desesperadamente. Se les negó el acceso a sus familias y a abogados».

La organización está gestionando la liberación de 10 migrantes venezolanos que representan legalmente, pero enfrentan obstáculos significativos. Kennedy señaló que «las solicitudes que han enviado para visitar a los 10 venezolanos que representan legalmente no fueron respondidas. Mientras no los vean estos deportados serán víctimas de desaparición forzada».

Negativa gubernamental de acceso y transparencia

La delegación de derechos humanos, encabezada por Kennedy, reportó haber solicitado acceso a la Presidencia, Vicepresidencia y Cancillería salvadoreña «a través de todos los canales oficiales», sin obtener respuesta.

«Hemos venido aquí para reunirnos con nuestros clientes y comprobar cómo se encuentra el residente estadounidense Kílmar Abrego García, y para analizar y documentar la situación de derechos humanos aquí en El Salvador. A pesar de los derechos que tienen nuestros clientes y miles de salvadoreños de ser atendidos por sus abogados, el gobierno de El Salvador, empezando por el presidente Bukele, no respetó estos derechos, nos negaron a nosotras sus abogadas acceso a nuestros clientes», afirmó Kennedy.

Criminalización infundada

El Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) también condenó la criminalización de los migrantes. Su directora, Leslie Schuld, comparó la situación con un régimen de excepción: «Ahora Estados Unidos tiene régimen de excepción, en un país con 250 años, una país democrática en defensa de derechos humanos. Lamentamos que el acta de enemigos extranjeros conocido como Alien Enemies Act en Estados Unidos de 1798 es el nuevo régimen de excepción en Estados Unidos».

Schuld ejemplificó casos de detenciones arbitrarias: «Como hemos visto en los reportajes, han capturado gente por tener un tatuaje de autismo, porque su hermano es autista. Un venezolano que es gay, que hace maquillaje para las competencias de belleza, por su corona de la competencia de belleza está capturado y enviado a CECOT».

Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, enfatizó la violación sistémica de derechos: «No han tenido derecho al debido proceso, no han tenido derecho de audiencia, no han tenido derecho de defensa, no han tenido derecho a un juicio justo, a algo tan importante como lo es la presunción de inocencia».

Según el informe presentado por Cristosal:

• En el 48% de los casos registrados se acusa a los detenidos de haber cometido un delito, pero casi en su totalidad se refiere a la acusación genérica de pertenecer a una pandilla (Tren de Aragua).
• Solo un 13% de los casos reportan que la persona posee algún antecedente penal.
• La mayoría de detenciones (94%) fueron ejecutadas por la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
• El 95% de las familias conocían el lugar donde estaban albergados sus seres queridos en Estados Unidos antes de la deportación, y un 33% logró comunicarse con ellos mientras estaban detenidos en EE.UU.
• La comunicación ha sido «inexistente» tras el traslado a El Salvador.

Las organizaciones anunciaron que presentarán un reporte ante el Congreso Estadounidense y las Naciones Unidas sobre la situación de estos migrantes venezolanos que permanecen incomunicados en la cárcel de máxima seguridad salvadoreña.

La conferencia de prensa evidenció la preocupación internacional por lo que los defensores describen como una grave crisis de derechos humanos que afecta a migrantes venezolanos que, en su mayoría, no presentan vínculos criminales comprobados.

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